Inicia un nuevo año lleno de expectativas, deseos, ambiciones, controversias, adversidades y triunfos, sobre todo, en entornos políticos y sociales a nivel mundial. Pero, ¿cuál es el panorama de América Latina?
Lo más visto en el mundo por estos días en este hemisferio, es la situación que padece Brasil con el nuevo cambio de gobierno, donde su expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores, han complicado el arranque de la nueva administración a Lula da Silva.
Esto, gracias a un asalto a sedes estatales al mejor estilo “Donald Trump”, donde el objetivo, según una noticia registrada el miércoles 11 de enero en el portal internacional ‘The Independent’ y escrita por Carla Bridi y Natlia Scarabotto, la idea es anular los resultados de las elecciones presidenciales, debido a que, posiblemente, hubo un posible intento de fraude.
Le sigue Perú, donde, desde el 22 de diciembre, se han presentado una serie de manifestaciones por la renuncia de su presidente Pedro Castillo, hoy preso y con un balance final de más de 40 personas fallecidas en medio de las protestas.
Según información registrada por diversos medios nacionales internacionales, la captura del expresidente Castillo, se pudo presentar por intentar dar un autogolpe de Estado en Perú el pasado 11 de diciembre y dar inicio del Gobierno de Dina Boluarte, funcionaria que, al parecer, no ha caído bien en el pueblo peruano, siendo las protestas causas inmediatas contra su gobierno, reflejo de la crisis política que padecen en el momento.
Pasamos a Bolivia, país que también enfrenta una aguda crisis política y social con protestas que se presentaron después de la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, el pasado 28 de diciembre. Según una nota publicada por la revista digital colombiana ‘Semana’, se confirmó que este funcionario participó, presuntamente, en un supuesto delito de incentivar a un golpe de estado, donde él se declaró inocente. Frente a este hecho, dicen los medios locales, su actual presidente Luis Arce, hasta ahora no ha dado declaraciones.
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Seguimos en este recorrido de crisis social en América Latina y encontramos a Chile, donde, una noticia publicada el 30 de diciembre en el portal argentino ‘La Nación’, señaló que el gobierno del actual presidente, Gabriel Boric, indultó a 13 condenados, 12 de ellos por delitos cometidos en las revueltas sociales de octubre de hace tres años, desatando una polémica que no cede.
Los analistas políticos dicen que, la medida adoptada por este gobierno se dio en un mal momento y su justificación ha generado protestas que, según los medios de comunicación chileno, son “alejadas de la necesidad que tiene la sociedad chilena de recuperar la confianza en sus mandatarios. La crisis culminó con la caída de la ministra de justicia, y del hombre de confianza y jefe de Gabinete de Boric; los dos militantes del mismo partido del presidente, el Frente Amplio”.
En ese sentido, la comunidad chilena ha castigado esta decisión de su presidente, mediante una encuesta hecha por Cadem, empresa chilena de investigación de mercados y opinión pública, que confirma una desaprobación de la gestión del presidente Boric del 70 %.
Pasamos a Colombia donde, luego de la posesión del presidente Gustavo Petro, se han venido apaciguando las aguas de las protestas y muertes a líderes sociales, que se siguen presentando, pero a menor escala. No cesa el inconformismo de líderes políticos de partidos de oposición, de grupos armados como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y de temas de inseguridad que padecen las principales ciudades del país.
Al nuevo presidente le ha tocado lidiar con múltiples factores sociales, políticos y la misma naturaleza; de gestión de sus colaboradores al interior de su gobierno y hasta de la presión internacional por el incremento en la producción de coca.
Las noticias entregadas en los últimos días por voceros del gobierno de los Estados Unidos, concretamente la embajadora estadounidense, Thomas-Greenfield, hace una llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que actué contra la producción de drogas en el país.
Una nota publicada el 12 de enero del presente año, en el periódico antioqueño ‘El Colombiano’, señala: “La producción de drogas ilícitas sigue avivando la violencia en áreas afectadas por el conflicto. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó niveles récord de cultivos de coca en 2021. Todos los actos de violencia, ya sean ataques contra la fuerza pública, comunidades indígenas o afrocolombianas, excombatientes, defensores de derechos humanos o ambientalistas, impiden el progreso y la paz”.
Estos factores tienen a las y los colombianos, colmados de expectativa. Sin embargo, hay quienes ven con buenos ojos los primeros pasos que ha hecho el gobierno Petro, en la búsqueda de un acuerdo nacional de paz. Esta mirada se argumenta con los diálogos que ha habido entre presidentes de la región, con el objetivo de trabajar para alcanzar beneficios económicos y sociales, enmarcados en la esperanza de un acuerdo de paz y apoyo internacional.
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Continuamos con México, donde las noticias de los medios locales, nacionales e internacionales, se centran en el desarrollo violento del país, luego de la captura el pasado 5 de enero de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán, más conocido por su apodo El Chapo Guzmán, narcotraficante mexicano que está preso. En esta emboscada hubo 29 muertos en Culiacán, ciudad del noroeste de México, tras enfrentamientos entre la mafia y el Estado.
Frente a estos hechos y otros más que viven los mexicanos, el portal argentino Infobae, publicó información donde se señaló que, este país registra el mayor record histórico de violencia e impunidad contra los derechos humanos de la población mexicana.
Para el caso de El Salvador, ha habido reportes de diferentes medios de comunicación y organizaciones internacionales sobre casos de alta violación de derechos humanos en dicho país.
Una nota publicada en la agencia internacional de noticias ‘Prensa Latina’, el pasado 5 de enero, advierte: “Cristosal, un grupo que promueve el respeto de los derechos humanos en Centroamérica, mediante la investigación, aprendizaje y la programación basada en los derechos, informó que hasta el 31 de diciembre del 2022, registró tres mil 086 imputaciones. Según las estadísticas divulgadas, el 97.5 % de los casos fueron por detenciones arbitrarias; 25 % por allanamiento de moradas y un 10.3 % por maltratos”.
Este ha sido un breve recorrido por el panorama político y social con el que inician algunos de los países que conforman América Latina este 2023. El ambiente enrarecido de los últimos meses, ha tenido en vilo al momento democrático que viven estas naciones.
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